Según un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS), las tasas de discapacidad asociadas con la depresión son mayores que las producidas por otras enfermedades crónicas, como la hipertensión, diabetes, artritis y el dolor de espalda. Y en el grupo de edad de 15 a 44 años, la depresión es la primera causa de discapacidad en el mundo, medida en Años de Vida vividos con Discapacidad (AVD).
Es por ello que la depresión constituye un reto para la salud pública, ya que su prevalencia es muy alta: el número de personas que la sufren a lo largo de su vida se sitúa entre el 8% y el 15%, de hecho, 350 millones de personas sufren depresión en el mundo (Olesen, 2012).
Sumado a lo anterior, también existe un impacto económico. Por ejemplo, datos de la OCDE, indican que las enfermedades mentales, como la depresión, cuestan a sus países miembros, hasta un 4% del PIB.
El costo de la depresión en la Unión Europea se ha estimado en más de 92.000 millones de euros en 2010 (Olesen, 2012). La mayoría de estos costos son indirectos, 54.000 millones de euros, tales como pérdida de productividad laboral, bajas por enfermedad y jubilación anticipada (Olesen, 2012).
La pérdida de productividad provocada por el ausentismo y presentismo representa en torno al 50% de todos los costos relacionados con la depresión (Olesen, 2012).
